Interacció

Elena Vozmediano | El Cultural  24 de marzo 2015

¿Recuerdan que les hablaba no hace mucho en las páginas de El Cultural sobre el coste de las exposiciones temporales? Pudimos deducir entonces que hay empresas de transporte, seguros y montaje que se llevan una buena tajada de los presupuestos de museos y centros de arte, públicos y privados, a pesar de que la crisis ha hecho disminuir el número de exposiciones y ellas han perdido parte de su mercado. Pero los recortes presupuestarios, junto a la extensión del modelo empresarial dentro de la gestión cultural pública, han provocado el auge de otro tipo de negocio: el derivado de la externalización de determinados servicios. Empezó con las cafeterías y las librerías, luego con la limpieza y la seguridad. Siguieron las taquillas y roperos (lo que ahora se denomina “gestión de visitantes”), las audioguías, la vigilancia de salas y, con más incidencia aún en la relación de museos y centros de arte con la sociedad, la mediación y la educación. Las empresas que prestan estos servicios copan los primeros puestos en cuantía de las adjudicaciones de contratos de los grandes museos públicos.

Cada vez son más los museos que cubren estas necesidades mediante concurso, eliminando el personal propio que tuvieron en su momento o descartando desde el principio la posibilidad de contratarlo. Y, a la vez que ciertas empresas hacen su agosto, los trabajadores que ellas subcontratan sufren las peores condiciones laborales que se puedan imaginar. Los directores y/o responsables de museos, centros de arte o fundaciones (y administraciones que gestionan salas de exposiciones) son perfectamente conscientes de que están alentando y dando cobijo al infraempleo pero se tapan la nariz mientras firman las adjudicaciones o les dan el visto bueno.

Las víctimas de esta situación son muy a menudo jóvenes y no tan jóvenes, estudiantes o con grados y posgrados en Historia del Arte, Bellas Artes o Humanidades, con másters en gestión cultural, con idiomas o con capacitación didáctica, que están cobrando entre 4 (3,70 en algún caso) y 6 euros la hora; con suerte, 750 euros brutos al mes, que equivale al salario mínimo, pues no suelen tener pagas extra. Se habla mucho de que la cultura está generando de puestos de trabajo pero quizá no somos conscientes de la precariedad que conlleva este modelo que se va imponiendo en toda España.

¿Privatización de los servicios culturales o cesión ilegal de personal?

Hay casos muy conocidos de privatización de la gestión integral, como el CAC Málaga, pero también otros muchos de cuantía y relevancia pública menor. Seguro que conocen ustedes algunos. Por poner un ejemplo, la gestión del Centre d’Art i Creació de Ses Voltes en Palma de Mallorca se adjudicó mediante licitación a la empresa Tres. Serveis Culturals (Tina Codina y M. Pau Ruiz). Pero en este artículo nos referimos a otros mecanismos.

Estamos asistiendo a una ocupación paulatina de un amplio nicho de empleo antes público por parte de empresas de trabajo temporal (ETT). Las dimensiones del problema son mucho mayores de lo que podría parecer. Yo he realizado una aproximación, parcial, a los museos y centros de arte pero tengan en cuenta de otros muchísimos museos (de ciencia, historia, etnografía, etc.), así como sitios de patrimonio histórico y arqueológico, están en la misma tesitura. En la Alhambra hay unos 300 trabajadores subcontratados. También las bibliotecas están han entrado en esta dinámica. En la Biblioteca Nacional de Madrid los empleados públicos han llegado a ser minoría en las tareas bibliotecarias básicas: el 61% de las mismas está externalizado. Es difícil hacer una estimación de los trabajadores culturales en esta posición pero creo que podríamos estar hablando de unas 50.000 personas. Piensen que solo una de las empresas que proporciona “fuerza de trabajo” en este sector, MagmaCultura, tiene cerca de 900 empleados. Entre las más grandes figuran además Eulen (que ha creado una filial recientemente para otros servicios museísticos, Eulenart), Stendhal Museum Solutions, Manpowergroup Solutions, Avanza, Atlas, Expertus, y hay otras con actividad en determinadas áreas geogáficas como Ciut’arto Sureuskadi…

Un caso como tantos otros: hace pocos años, Madrid Destino (entonces Macsa) tenía en Matadero empleados directos para atender a los visitantes entresemana, y subcontratados para el fin de semana, a través de la empresa Avanza. Cuando decidió externalizar por completo el servicio, ofrecieron a los empleados directos que se integraran en la plantilla de la ETT, cobrando la mitad. Muchos se fueron. El salario quedó entonces en unos 800 euros líquidos, por 35 horas, pero se aplicaron rebajas en los meses sucesivos. Cuando el contrato volvió a salir a concurso y ganó Eulen, bajó aún más, a 677 euros por 35 horas semanales, sin pagas extra.

La escasez presupuestaria de las instituciones culturales no es la única explicación de esta transformación. Las leyes la han favorecido. Sepan que hasta 1994, las ETT eran ilegales en España. En los años en que la dotación de museos y centros de arte era (cuando lo era) adecuada, sus responsables debieron haber elaborado organigramas o relaciones de puestos de trabajo bien argumentadas y adaptadas a las necesidades de cada institución. Esto casi nunca se hizo. Con el comienzo de la crisis, las plantillas empezaron a menguar rápidamente y cuando en 2012 el Gobierno promulgó el Real Decreto-Ley 20/2012, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria, el control del gasto en materia de personal provocó una reducción drástica de empleo público en el sector cultural. Antes de 2010 las Administraciones no podían firmar contratos con ETTs mas que para tareas eventuales y nunca por más de seis meses; esas limitaciones desaparecieron con la Ley 35/2010, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo.

Administraciones y organismos tienen orden de no hacer contrataciones de personal. Y como hay servicios que están obligados a prestar, recurren a las empresas que los ofrecen. La presión del Gobierno para rebajar este capítulo del gasto público se constata en las Instrucciones sobre buenas prácticas para la gestión de las contrataciones de servicios y encomiendas de gestión a fin de evitar incurrir en supuestos de cesión ilegal de trabajadores, difundidas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a finales de 2012 y encaminadas fundamentalmente a evitar que se incurra en la “cesión ilegal”, que obligaría, a través de sentencias judiciales, a convertir en indefinidos a los subcontratados. El documento propone un modelo de contrato en el que se deje muy claro que el organismo público no tiene ninguna responsabilidad sobre el trabajador, con cláusulas sorprendentes. Se recomienda la existencia de un coordinador o responsable dependiente de la empresa adjudicataria que evite toda relación de los empleados con el personal del museo o centro, el cual no debe dirigir directamente su trabajo. Teóricamente, los empleados temporales no deberían utilizar los medios materiales del museo y centro, e incluso deberían comer aparte del personal estable.  Se trata, literalmente, de evitar “el reconocimiento de una relación laboral”. (...)

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