Menos cultura para más cultura

David Márquez Martín de la Leona [2] | eldiario.es [3]

Las perspectivas que se ciñen sobre la financiación de las políticas públicas locales, y en particular sobre las culturales, abren una ventana de oportunidad de cambio.

En numerosos emplazamientos del Centro Cultural Conde Duque [4] de Madrid puede leerse un viejo lema que perteneció a la Guardia Real hasta 1820 : Solvit Formidine Terras, que traducido al latín castellanizado daría "libera la tierra del terror" (en relación al Rey, se sobreentiende). Algún arquitecto tomó la decisión de conservar este lema, tan marcial, en las paredes del Cuartel del Conde Duque que con dinero del famoso plan Zapatero se remozó en el ya aparentemente lejano 2010. Y es que aquel plan hacía realidad el viejo emblema: el que venía a liberar la tierra del pánico. Ya han pasado algunos años y parece que estamos instalados en una larguísima y mutante crisis que nos va mostrando muchas caras y transformaciones. Una crisis que nos ha familiarizado con el temor y la angustia. 

Aquellas obras que algunos Ayuntamientos hicieron al calor del plan Zapatero, en los casos de que fueran destinadas a equipamientos culturales, simbolizaron así los últimos estertores de uno de los rasgos más característicos de las políticas culturales en España: construir continentes. Aprovechando esa última inyección de dinero público de carácter expansivo configuraron los residuos ideológicos de una forma de concebir la cultura. 

Hoy los Ayuntamientos se encuentran ante una coyuntura económica y administrativa muy diferente. Una vez corregido el efecto del desplome de los recursos provenientes de la burbuja inmobiliaria, en el que fue su primer shock fiscal, el conjunto de los entes locales se enfrenta ante condicionantes que pueden modificar sus políticas públicas y, en el caso particular y muy sensiblemente, las culturales. No sólo hay amenazas de índole económicas o fiscales, muy ligadas a la evolución y convergencia económica europea, sino que también hay condicionantes estructurales muy ligados al contexto socio-político español. 

Antes de analizar los datos que se extraen de la realidad cultural de los entes locales españoles sería conveniente ponerla en perspectiva comparada con lo que ocurre en nuestro entorno europeo.

Gráfico 1. Fuente: Eurostat

 Gráfico 2. Fuente: Eurostat 

En el conjunto del entorno europeo la tendencia de fondo, aunque tímida, es a reducir el gasto que las administraciones locales gastan en cultura. En esta tendencia también está clara la división entre norte (ricos) / sur (pobres), como se aprecia en el gráfico. Pero también se aprecia la influencia de las políticas económicas de contención del gasto (austeridad). Los países que aumentan gasto son en general aquellos que gozan de un mejor equilibrio de cuentas (y de renta). Y los que reducen gasto, pues como ven, los que practican las políticas de austeridad. Y en este campo, España es uno de los países campeones al marcarse el mayor porcentaje de reducción. 

De manera que si enfocamos sobre España veremos los matices de esas sombras pese a que la Administración Local es el nivel administrativo que menos endeudado está y que, en contraste con los otros niveles, se presenta con un balance positivo [5], al menos en el ejercicio 2013. No obstante eso no le exime de ser el nivel administrativo más frágil pese a los avances y mejoras que se han producido durante el vigente periodo democrático. Su dependencia de las transferencias económicas de otras Administraciones, en particular de la General del Estado; su debilidad recaudatoria (con escasa y rudimentaria capacidad fiscal) y, sobre todo, que es una Administración de proximidad que ha asumido y prestado servicios al ciudadano pese a que competencialmente no le correspondía, han sido unas circunstancias recurrentes de estás últimas décadas.

Todas estas circunstancias concurrían juntas cuando la crisis comenzó a horadar los presupuestos públicos. Fíjense en cuál ha sido la evolución del gasto liquidado en cultura por nivel administrativo y comprenderán la debacle particular de la que les estoy hablando. 

Gráfico 3. Fuente: Anuario de estadísticas culturales publicado por la Secretaría de Estado de Cultura. 

Y aunque los datos oficiales (estadísticamente consolidados) se nos queden en el ejercicio 2012, es fácil aventurar que la tendencia  a la reducción perdura durante los años 2013 y en el curso que está finalizando. Por tanto, los efectos de la crisis en los presupuestos de los entes locales para cultura parece que no podemos considerarlos como del pasado y que podamos, aún hoy, seguir asistiendo a cierres o recortes. 

Aún así, la amenaza que se cierne sobre los Ayuntamientos y otros entes locales no es sólo financiera, sino también normativa. Se cumple ya casi un año después de la aprobación y entrada en vigor de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local [6] (LRSAL), más conocida como “Ley Montoro”. Esta Ley, aprobada el 30 de diciembre de 2013 ha estado ejerciendo una larga sombra sobre el ejercicio presupuestario de los entes locales durante el 2014 suponiendo de facto un golpe centralizador y una transformación del marco administrativo local. Una ley que actuando sobre todos los ámbitos de gestión municipal está incidiendo en la ya frágil autonomía de decisiones de los municipios: en su oportunidad política, en la gestión de las mismas y en los efectos organizacionales y presupuestarios. Y si atendemos al ámbito que nos ocupa, cultura, pueden leer aquí [7] lo que Joan Amenós Álamo resume. 

Gráfico 4. Fuente: Anuario de estadísticas culturales publicado por la Secretaría de Estado de Cultura.

Siendo el local un ámbito muy dado a la creatividad “contable” y administrativa, o dicho de otro modo, donde las partidas de gasto, tomando como ejemplo el área de cultura, se distribuyen en “cajones de sastre” como es el de “Promoción cultural” o a “ambiguos” y “antiguos” epígrafes como el de “Fiestas populares y festejos”, cabe pensar, que para sortear algunas de las limitaciones de la ley se cambie la forma de gestionar o contabilizar la partida presupuestaria. Dicho de otra forma, y a modo de ejemplo, ante la imposibilidad de contratar personal (gasto atribuible al capitulo I y al epígrafe “Administración general de cultura”), un auditorio local, ante la necesidad, podría externalizar mediante contratación de servicios esa mano de obra (Capítulo II y posiblemente bajo el epígrafe “Promoción cultural”). 

Parece una contradicción que el legislador con voluntad racionalizadora permita (por no quererlo/haberlo previsto) la proliferación de prácticas administrativas irracionales. Y aunque algunas de las disposiciones de la citada ley aporten una contención y ordenación del gasto saludables, es una ley que no sienta ninguna base nueva para la articulación y construcción de un nuevo y renovado municipalismo, menos aún en lo que a política cultural a nivel local se refiere. 

Entraremos en breve en un año electoral en el que nos toca elegir a nuestros representantes en los gobiernos locales. En pocos meses los debates sobre nuestras ciudades/pueblos se colarán incluso en nuestras casas. Aquí se ha escogido una política local concreta, la cultural, para hacer un análisis de sus situación actual a nivel local. Sería deseable no sólo debatir sobre la perspectiva economicista (ordenación de recursos económicos) sino también sobre cómo las transformaciones sociales y políticas han afectado a nuestra sociedad y a nuestras instituciones en estos últimos años.

En consecuencia, las propuestas a nivel de políticas locales corren el riesgo de perder fuelle financiero, mientras no se decida en sentido contrario. Pero también nos enfrentamos ante el riesgo de que esas políticas pierdan el tono de proximidad que los ciudadanos reclaman y que, por otra parte, está consagrado en nuestro ordenamiento jurídico bajo el principio de subsidiareidad. 

Tenemos planteado como sociedad el reto de idear e implementar con éxito un remodelado edificio institucional y político. Quizá un edificio que se parezca algo más a la sociedad post crisis. Y tenemos ante nosotros la posibilidad en los próximos meses de comenzar esa ciudadana tarea por nuestros Ayuntamientos. 

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