Yo uso las bibliotecas públicas, ¿y qué?

José Luis Ibáñez Ridao [2] | ZoomNews [3]. Letras y tretas

Las bibliotecas, como el resto de actores del sector cultural, se encuentran en una encrucijada. Ya funcionan bibliotecas sin libros, se ha impuesto con agostidad un canon al préstamo y, repasando entrevistas a escritores, resulta que todo el mundo contaba con la biblioteca de su abuelo y nadie usaba las públicas.

Hace unos días tropecé con un interesante hilo de discusión en Facebook. Un grupo de bibliotecarios mostraba su indignación porque en un programa radiofónico sobre libros, todos los contertulios presumían de las magníficas bibliotecas de sus abuelos y nadie parecía haber pisado jamás una biblioteca pública.

Movido por la curiosidad acudí a Google. Realicé una búsqueda combinada de "biblioteca de mi abuelo" –tal cual– y "entrevista"... ¡y obtuve 53.700 resultados!
 

Comprobé un montón de enlaces y resultó que no hay intelectual, escritor o periodista que se precie que no haya contado con la magnífica biblioteca del abuelo: desde Octavio Paz a Pérez-Reverte pasando por Jaime Peñafiel. Caramba, ninguno de mis abuelos –gente del campo andaluz– tenía biblioteca y yo hice de la biblioteca pública de Rubí (Barcelona) mi segundo hogar.

¿Un bicho raro?

Miro de nuevo la cifra –53.700– y, por un momento, me siento un bicho raro. Así que consulto los estudios sobre el tema para salir de dudas. Y no, no soy un bicho raro: según la Encuesta de hábitos y prácticas culturales 2010-2011 [4], uno de cada cinco españoles acude a las bibliotecas públicas con regularidad. Uno de cada cuatro si contamos, también, los que acceden a través de Internet.

Quizás el estudio más completo de acceso público sea el dirigido, en 2009, por Hilario Hernández para el Departamento de Análisis y Estudios de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez con el apoyo del Ministerio de Cultura. Se titula Opiniones y actitudes de los usuarios de las Bibliotecas Públicas del Estado [5] y nos asegura que –aquel año– había en España 4.973 bibliotecas públicas, con unos fondos de más de 65 millones de ejemplares para 11,5 millones de usuarios inscritos. No está mal.

Más. Según el último informe disponible sobre Hábitos de lectura y compra de libros en España [6], de enero de 2013, uno de cada tres españoles mayores de 14 años había acudido a una biblioteca pública en 2012 –ya saben que las estadísticas actualizadas no son nuestro fuerte nacional–. Y demostraba que estos centros son mucho más que contenedores de libros.

Con la crisis, las bibliotecas se han convertido en equipamientos de primera necesidad. Para muchos (un 14,8%) es el lugar en el que usan recursos informáticos y navegan por internet, otros cientos de miles de usuarios (un 8,8%) pueden leer allí periódicos y revistas, y para los estudiantes sin recursos o sin un ambiente favorable en casa, es el lugar ideal para estudiar, consultar obras y realizar trabajos (un 29% de los usuarios).

Ah, por si no lo sabían, uno de cada diez libros leídos en nuestro país procede de una biblioteca pública. Si sumamos las de los abuelos, muchos más.

Lo del canon y la agostidad

Curiosamente, en los dos últimos años el mes de agosto ha sido el escogido por nuestros dirigentes para remover el tema de las bibliotecas y su utilidad. Es lo que algunos llaman alevosía y agostidad.

El año pasado se armó un buen lío cuando una edil popular canaria soltó una frase [7] que, para muchos, fue algo más que un globo sonda y reflejaba el sentir de buena parte de la clase política española: "Las bibliotecas no dan nada de dinero y hay catorce personas trabajando en ellas". Se montó el sarao partidista habitual, que recogimos en el artículo Las bibliotecas como armas arrojadizas [8].

Este año, el follón ha venido a cuenta del llamado canon por préstamo bibliotecario. Se publicó en el BOE del día 1 de agosto. Se trata del Real Decreto 624/2014 [9], de 18 de julio, "por el que se desarrolla el derecho de remuneración a los autores por los préstamos de sus obras realizados en determinados establecimientos accesibles al público".

Esta vez no es una ocurrencia de nuestro gobierno. En Europa, algunos países pagan un canon similar desde los años 50 del siglo pasado y se incorporó a la legislación comunitaria en 1992 [10].

El establecimiento del canon supone el cumplimiento de una sentencia del Tribunal de la Unión Europea [11], de 2006, que instaba a España a implementarlo so pena de una multa de 300.000 euros al día. Y se incorporó a la Ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas [12] de 2007. El gobierno ya ha pagado una morterada y ahora pasa la patata caliente a las bibliotecas y a las administraciones que las sustentan..

Hasta ahora –y hasta diciembre de 2015– se pagan por ese concepto 16 céntimos por obra comprada. A partir de enero de 2016 se pagarán 4 céntimos por libro prestado y 5 céntimos anuales por cada usuario inscrito. Parece poco dinero, pero a la que se multiplica por millones la cifra se dispara y se convierte en un problema muy grave en un contexto de recorte de presupuestos.

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