Notas iniciales sobre el proyecto de ley de protección del patrimonio cultural inmaterial

Abel Garriga | HOLTROP S.L.P Transaction & Business Law

El pasado viernes 24 de octubre de 2014 se aprobó en Consejo de Ministros el proyecto de Ley para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, cuyo texto completo puede encontrarse aquí.

El texto plantea numerosos interrogantes de los que destacamos en este momento dos, aunque somos conscientes que la materia es sensible y abre un abanico de reflexiones muy amplio.

El primero es la cuestión competencial. Hay una voluntad explícita en el proyecto de expandir al máximo las competencias del Estado frente a las de las Comunidades Autónomas. Para ello utiliza un doble criterio en principio imbatible: al criterio territorial, objetivo y relativamente fácil de delimitar, se le suma otro discrecional o como mínimo con una gran dificultad de delimitación objetiva.

Me refiero a conceptos como el de la no separabilidad “del imaginario y tradición española en su conjunto”, la existencia de diversas manifestaciones “que merezcan una consideración unitaria” o en fin la “especial relevancia y trascendencia internacionales” (leer con atención el artículo 3.2) que dejan un margen de apreciación subjetiva enorme y sujeta a cualquier tipo de interpretación. Estos serán los criterios que otorgarán al Estado la competencia.

No debemos olvidar que estamos hablando de objetos ya de por sí difíciles de aquilatar precisamente por ser inmateriales -”usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas de las comunidades, grupos y en algunos casos individuos” (artículo 2)- como para además determinar si estos objetos jurídicos son encima, inseparables del “imaginario y tradición española en su conjunto”, etc. etc.

La discrecionalidad en la definición del objeto está pues garantizada y los conflictos que puedan surgir a partir de ahí, inimaginables. En este sentido sólo podemos llegar a anticipar dos fenómenos posibles, no porque no pueda haber más, sino porque de la cantidad que puedan surgir no nos podemos hacer la idea siquiera.

El primero de ellos será la fragmentación: si el resultado de que un bien cultural inmaterial tenga una implantación territorial en una zona en la que coincide la división administrativa de dos o más comunidades autónomas, el remedio para que la CA siga conservando la competencia será encontrar las peculiaridades necesarias para que una tradición ajena a las divisiones administrativas, se pueda circunscribir al territorio de una sola comunidad, de modo que allí donde antes confluía una manera de hacer sobre dos o más territorios, ahora existan dos o más diferenciadas.

Puedo asegurar que se encuentran un mínimo de dos académicos de prestigio por Comunidad Autónoma para certificar la singularidad territorial de aquel fenómeno, justo por donde pasa la delimitación territorial de la Comunidad. Fragmentación que puede llevar a situaciones ridículas no ya para un antropólogo sino para el sentido común.

El reverso de este fenómeno puede ser no obstante igual de grotesco: supone entrar en debates de consecuencias impensables sobre cual sea el imaginario y la tradición española en su conjunto y dónde este imaginario deja de ser del conjunto y es sólo de una comunidad. Si alguien quiere abrir este melón, adelante, pero uno diría que la serenidad necesaria para iniciarlo, al menos actualmente, brilla por su ausencia.

Pero es que junto con la inseguridad a que puede dar lugar la indeterminación de estos conceptos, dudo además que encajen en la doctrina constitucional sobre el reparto de competencias entre Estado y CCAA.

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